Tihuatlán, Ver .- La Fiscalía General de la República continúa con la integración de la carpeta de investigación derivada del aseguramiento de 256 mil 828 litros de hidrocarburo durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de Tihuatlán.

La diligencia fue autorizada por un juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, luego de que el agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), iniciara la investigación tras recibir una denuncia anónima sobre presuntas actividades ilícitas relacionadas con el almacenamiento y resguardo de hidrocarburo.

El operativo fue encabezado por elementos de la Fiscalía Especial en Materia de Extinción de Dominio (FEMED), con apoyo de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos del Centro Federal Pericial Forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). También participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como fuerzas federales integradas por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

La acción se llevó a cabo en un predio ubicado en la localidad de Plan de Ayala, donde además del hidrocarburo fueron asegurados 20 tractocamiones, 12 tanques de almacenamiento, 52 cubitanques, tres motobombas acopladas a mangueras y remolques, cuatro lowboy, siete planas cama baja, dos fractank, dos góndolas, 18 planas de madera, un contenedor semirremolque, una motocicleta y un vehículo.

Durante el cateo también fueron detenidas 12 personas, además del aseguramiento de frascos y material de laboratorio, dispositivos electrónicos, tags de pago, placas de circulación, 17 credenciales de identificación fiscal, equipo de cómputo, chequeras, discos de almacenamiento y tickets de compra.

Las personas detenidas, el inmueble y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las diligencias correspondientes para determinar lo que en derecho proceda.

De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, las personas señaladas en este comunicado serán consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.