El Cártel Inmobiliario: la prueba de fuego de Ahued.

Por: Luis Ramírez Baqueiro

“Confiamos demasiado en los sistemas y muy poco en los hombres”. – Benjamín Disraeli.

El llamado “Cártel Inmobiliario” comienza a convertirse en algo más que un expediente incómodo para el Gobierno de Veracruz. Conforme aparecen acusaciones, nombres, litigios y señalamientos públicos, el asunto adquiere una dimensión política que inevitablemente alcanza a la Secretaría de Gobierno y, por extensión, a la administración de Rocío Nahle García.

La Gobernadora ha fijado una posición: revisar notarías, combatir irregularidades y garantizar certeza jurídica sobre la propiedad. Pero la operación política e institucional de semejante encomienda pasa necesariamente por el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil.

Y ahí está precisamente el problema.

Ahued ha construido durante años una imagen de funcionario austero y alejado de negocios políticos. Sin embargo, un escándalo de esta naturaleza obliga a preguntarse si alguien alrededor de esta estructura institucional pudiera estar aprovechándose de esa confianza o utilizando su nombre para intereses que nada tienen que ver con la instrucción de sanear el sistema notarial.

No significa que Ahued participe en irregularidad alguna. Hasta ahora no existe elemento público suficiente para afirmarlo. Pero cuando el río político comienza a sonar de semejante manera, la responsabilidad del funcionario no consiste solamente en deslindarse: consiste en investigar hasta las últimas consecuencias.

El abogado Jorge Reyes Peralta elevó considerablemente la temperatura al acusar públicamente al Secretario de Gobierno de supuesto encubrimiento de integrantes del denominado “Cártel Inmobiliario”. Ahued respondió este miércoles con dureza: calificó los señalamientos como falsos, acusó al litigante de difamarlo y lo retó a presentar ante la Fiscalía y el Poder Judicial las pruebas que asegura tener. Además, negó categóricamente intervenir ante ambas instituciones o “apadrinar” asuntos judiciales.

Ahued incluso sostuvo que la instrucción de Nahle es precisamente garantizar justicia y transparencia y no tolerar actos que afecten a legítimos propietarios.

Entonces hay que tomarle la palabra.

Porque alrededor del escándalo han comenzado a circular versiones sobre personajes del ámbito notarial xalapeño, entre ellos señalamientos no acreditados públicamente contra un notario de apellido Díaz Pedroza. También se pretende relacionar, por vínculos familiares, al exfuncionario duartista Armando Adriano Fabre. Pero una columna responsable no puede convertir parentescos, versiones o sospechas en sentencias: si existen elementos contra cualquiera de ellos, tendrán que incorporarse a investigaciones y demostrarse ante las autoridades.

Ese principio debe valer para todos.

Precisamente porque Veracruz padeció durante años redes de intereses construidas alrededor del poder público, las notarías, prestanombres, propiedades y operaciones inmobiliarias, sería gravísimo permitir que el problema termine reducido a un pleito entre Ricardo Ahued y Jorge Reyes Peralta.

Ese sería el peor desenlace.

La discusión verdaderamente importante es saber si existió una estructura dedicada a despojar propiedades, falsificar documentos, manipular instrumentos notariales o aprovechar conexiones institucionales para convertir bienes ajenos en un negocio multimillonario. Y, de existir, conocer quiénes participaron, quiénes protegieron y quiénes se beneficiaron.

Ahued asegura que no protege a nadie. Perfecto.

Ahora deberá demostrarlo institucionalmente.

Porque para un político cuya trayectoria todavía puede tener horizontes mayores, este asunto representa una prueba particularmente delicada. No basta con defender la honorabilidad personal ni responder con adjetivos a quien acusa. La mejor respuesta sería entregar resultados: investigaciones concluidas, notarías sancionadas cuando corresponda, títulos revisados, propiedades restituidas si hubo despojos y responsables llevados ante los tribunales.

Si detrás del llamado Cártel Inmobiliario existe realmente una maquinaria de corrupción, Ricardo Ahued tiene una oportunidad excepcional: desmantelarla.

Y si alguien utilizó su buena fe, su nombre o su posición para hacer negocios, entonces tendría todavía más razones para llegar hasta el fondo.

Porque en este expediente ya no solamente está en juego la propiedad de quienes denuncian haber sido afectados.

También está en juego el prestigio político del propio Secretario de Gobierno..

Al tiempo.

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“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx