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OPLE, MUCHO JABÓN, POCAS RESPUESTAS
Por Iván Calderón
Tal parece que le quieren lavar la cara al OPLE Veracruz cuando está metido en una cadena de escándalos y cuestionamientos que no se resuelven presumiendo conferencias, calendarios electorales y discursos de autonomía.
Paaaaa! Ahora resulta que una invitación como ponente sirve de certificado de buena administración.
La defensa viene demasiado cómoda: que organizaron elecciones, que licitaron públicamente, que tienen información en internet y que su presidenta es invitada a compartir experiencias. Todo muy bonito. Pero las preguntas sobre contratos, proveedores y nombres que aparecen en registros siguen necesitando respuestas.
Empecemos por Luis Fernando Reyes Rocha.
El secretario ejecutivo reconoció que encontró un registro con su nombre como apoderado de Cajas Graf. Negó haber otorgado su consentimiento y planteó que podría tratarse de homonimia o suplantación de identidad. Informó, además, que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Esa es su versión y debe consignarse completa.
Ahora bien: si la denuncia es parte central de su explicación pública, que exhiba una constancia verificable de su presentación, con los datos protegidos que correspondan. Un acuse, una fecha de recepción y un folio permitirían respaldar documentalmente lo anunciado.
Y después habrá que esclarecer el instrumento notarial: a quién corresponde, cómo se otorgó y quién intervino. Anunciar una denuncia no resuelve por sí solo esas preguntas.
Tampoco se sostiene borrar el pasado del organismo para presentar una limpieza total.
Una relación de adquisiciones difundida públicamente reporta contratos de Cajas Graf con el OPLE por 141 millones 775 mil 200 pesos en 2018 y 161 millones 124 mil pesos en 2021. Son administraciones anteriores, sí. Precisamente por eso hay que distinguir periodos y responsables, en lugar de rematar que aquellas empresas jamás recibieron recursos del organismo.
La historia del OPLE no comenzó cuando llegaron sus actuales funcionarios.
Sobre 2024 y 2025, mencionar a Litho Formas tampoco agota la rendición de cuentas. Hace falta presentar el desglose completo de las contrataciones: boletas, urnas, canceles, líquido indeleble cuando corresponda, sistemas informáticos y demás servicios. Quién suministró cada cosa, cuánto cobró, quién autorizó y quién comprobó la entrega.
Porque repetir “licitación pública” no explica las condiciones de la competencia.
Un ejemplo concreto: en marzo de 2025 se reportó una adjudicación a Litho Formas por 113 millones 777 mil 896.83 pesos. Participaron dos empresas y Grummec fue descalificada por no incorporar su propuesta técnica en versión digital. Ese hecho no demuestra un arreglo, pero sí obliga a explicar el procedimiento completo cuando se presume la competencia como garantía suficiente.
También corresponde transparentar los nombramientos de los principales mandos desde 2023: fechas, trayectorias y declaraciones de intereses. Coincidir en una fecha no demuestra pertenecer a una red; revisar los antecedentes permite establecer si existen vínculos reales. Para eso sirven los documentos.
Y ya que presumen experiencia, convendría incluir el capítulo incómodo: las fallas del sistema de cómputo de la elección judicial de 2025 obligaron a abandonar esa herramienta y realizar el conteo manual. Ese problema ocurrió en Veracruz y bajo responsabilidad del organismo local. No se lo importaron del INE.
Hay otro detalle que la defensa apresurada pasa por alto. El 28 de octubre, Marisol Alicia Delgadillo Morales sostuvo que las cuentas de 2023 y 2024 no tenían observaciones financieras pendientes, pero reconoció que la de 2025 seguía en revisión y que todavía no habían recibido requerimientos por la nueva investigación. Eso describe una situación concreta; no permite dar por concluida una revisión distinta.
La ASF, encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, anunció una investigación cuyo alcance incluye al INE, a los organismos locales y a proveedores y servidores públicos relacionados con los hechos. Corresponderá determinar qué operaciones se revisan y qué responsabilidades, si las hay, resultan. Nadie puede prometer desde ahora absoluciones ni sanciones.
Ahí estará la prueba para la fiscalización: seguir los documentos y el dinero, aunque las explicaciones oficiales incomoden.
Mientras tanto, al OPLE le toca responder con expedientes completos. Organizar elecciones es su trabajo; rendir cuentas también.
@IvanKalderon