• Se prevé dar certeza jurídica a igual número de posesionarios, para que así puedan realizar cualquier acción administrativa.

Con la finalidad de otorgar a 36 personas certeza jurídica sobre los predios que actualmente tienen en posesión, diputadas y diputados de la LXVI Legislatura aprobaron el dictamen de la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, por el cual se autoriza al ayuntamiento de Colipa enajenar, a título oneroso, dichos lotes pertenecientes al fundo legal.

En la sesión, segunda del Periodo Ordinario, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, puso a consideración del Pleno el dictamen, mismo que fue aprobado por mayoría y que tiene como objetivo regularizar el estatus legal en favor de los posesionarios para que puedan realizar cualquier acción administrativa y de carácter económico y social que redunde en beneficios para el desarrollo del municipio.

Por otra parte, a propuesta de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, el Pleno autorizó al ayuntamiento de Carrillo Puerto y a la Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín enajenar, a título oneroso, unidades vehiculares que por sus condiciones físicas y mecánicas son consideradas desecho ferroso.

En ambos casos, el procedimiento de enajenación deberá apegarse a lo establecido por los artículos 98, 99 y 100 y sus respectivas fracciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Como parte de la correspondencia, se dio trámite a la solicitud de autorización del ayuntamiento de Catemaco para donar un terreno a favor del Sindicato de Trabajadores al Servicio de ese municipio. Además, el Ayuntamiento de Calcahualco prevé la enajenación de un vehículo.

También se remitió a las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia y de Trabajo y Previsión Social las peticiones de diversos ciudadanos que buscan la autorización de este Congreso para desempeñar dos empleos en instituciones públicas de salud, cuyos horarios y jornadas son compatibles.

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