Una propuesta para pensar la Nueva Escuela Mexicana desde el lugar donde realmente ocurre la educación

Hay un momento de la política educativa que ocurre todos los días y, sin embargo, pocas veces ocupa el centro de la discusión, una maestra entra a un salón de bachillerato, lleva una planeación, conoce el programa, tiene claros los propósitos de aprendizaje, pero frente a ella no hay un grupo imaginario: hay cuarenta jóvenes concretos. La clase comienza, una actividad no funciona como esperaba, algunos estudiantes comprendieron rápidamente; otros necesitan otra explicación, una pregunta inesperada modifica el rumbo de la clase, el tiempo avanza, entonces la maestra decide: continúa o se detiene, cambia el ejemplo, modifica la actividad, pregunta, escucha, exige un poco más o acompaña un poco más de cerca. Ningún programa puede anticipar por completo ese momento, ningún formato puede resolverlo.

He llegado a una convicción que hoy quiero proponer para la discusión educativa: entre el proyecto educativo de la nación y el aprendizaje real de los estudiantes existe un espacio profesional decisivo. A ese espacio lo llamo Juicio Profesional Docente. No me refiero a la intuición improvisada del maestro ni a la libertad de hacer cualquier cosa, mi propuesta es otra: entiendo el Juicio Profesional Docente como la capacidad intelectual, pedagógica y ética mediante la cual una maestra o un maestro interpreta el proyecto educativo de la nación, comprende a sus estudiantes y su contexto, analiza evidencias y toma decisiones responsables para favorecer aprendizajes con excelencia académica y sentido humano. Creo que esta idea puede ayudarnos a comprender de otra manera el desafío del Bachillerato Nacional.

La Nueva Escuela Mexicana plantea una educación humanista, integral, contextualizada y vinculada con la comunidad, comparto ese horizonte, pero una cosa es formular un proyecto educativo y otra convertirlo en experiencia cotidiana para miles de jóvenes. Una reforma puede modificar leyes, programas y estructuras curriculares, puede proponer nuevas metodologías y nuevos conceptos, pero una reforma no entra sola al salón de clases, alguien tiene que interpretarla. Éste es el punto central de mi propuesta: el docente no es el último ejecutor de una política educativa; es el profesional que la interpreta pedagógicamente frente a una realidad concreta. Interpretar no significa desobedecer,tampoco improvisar, significa comprender qué exige el proyecto educativo, conocer profundamente la disciplina que se enseña, saber cómo aprenden los estudiantes, leer el contexto y asumir la responsabilidad de decidir.Por eso considero que el Juicio Profesional Docente debería ocupar un lugar central en la discusión sobre la implementación del Bachillerato Nacional. Estamos pidiendo a los maestros que contextualicen, evalúen formativamente, trabajen colegiadamente, acompañen trayectorias, diseñen proyectos y vinculen la escuela con la comunidad, nada de eso se logra únicamente siguiendo instrucciones, se necesita criterio profesional.

Para explicar esta idea he venido construyendo una propuesta que denomino Círculo del Juicio Profesional Docente, en el centro se encuentra la capacidad profesional de interpretar y decidir, a su alrededor dialogan ocho dimensiones: la comprensión del sentido constitucional de la educación; el conocimiento disciplinar; el saber pedagógico; la comprensión del contexto; la deliberación ética; la investigación y reflexión sobre la práctica; el trabajo colegiado y la innovación responsable. No son ocho requisitos ni ocho pasos, mucho menos quisiera que se convirtieran en ocho nuevos formatos, son dimensiones que interactúan cada vez que un maestro enfrenta una situación educativa compleja.

Un docente observa, interpreta, decide, actúa, evalúa, se equivoca, corrige, conversa con otros y vuelve a decidir, eso puede suceder durante un semestre oen cinco minutos. Ahí se encuentra una parte de la complejidad intelectual de la docencia que todavía necesitamos reconocer.

Esta propuesta obliga también a revisar algunas prácticas institucionales, durante demasiado tiempo hemos confundido los documentos del trabajo docente con el pensamiento que les da origen. La planeación didáctica no es el Juicio Profesional Docente, es una de sus expresiones escritas. Antes de llenar un formato, una maestra ya tuvo que preguntarse qué saben sus estudiantes, dónde están las dificultades, qué necesita modificar y cómo reconocerá si hubo aprendizaje, el problema aparece cuando invertimos el orden, cuando el formato deja de servir al pensamiento y el pensamiento comienza a servir al formato. Una reforma que reconoce la autonomía didáctica no debería terminar produciendo una nueva burocracia pedagógica, si queremos docentes reflexivos, necesitan tiempo para pensar, si queremos academias profesionales, deben analizar problemas educativos y evidencias de aprendizaje, no solamente producir actas, si queremos contextualización, no podemos esperar respuestas idénticas de escuelas distintas. Fortalecer el Juicio Profesional Docente también significa revisar las condiciones institucionales en las que ese juicio se ejerce.

Mi propuesta también tiene implicaciones para uno de los debates más difíciles de la educación actual: Humanismo no significa permisividad, comprender al estudiante no significa renunciar al conocimiento, acompañarlo no significa aprobarlo automáticamente, reconocer su contexto no equivale a declarar alcanzados aprendizajes que todavía no se han construido, reprobar nunca debe ser el propósito de un maestro, pero aprobar sin aprendizaje tampoco puede ser el propósito de una escuela. ¿Dónde está entonces la respuesta? No en una regla mecánica, está, nuevamente, en el Juicio Profesional Docente, ejercido dentro del marco normativo, con evidencias, transparencia, oportunidades reales de recuperación y respeto absoluto por la dignidad del estudiante, exigir con respeto es humanista, acompañar con firmeza también, orregir sin humillar, dar otra oportunidad y decir la verdad sobre el aprendizaje. La excelencia académica y el sentido humano no son proyectos contrarios. El Juicio Profesional Docente es, precisamente, la capacidad de sostener esa tensión con responsabilidad.

Si esta propuesta tiene sentido, entonces quisiera dejar una pregunta para la educación de Veracruz y de México: ¿Las políticas, procesos y decisiones institucionales están fortaleciendo el Juicio Profesional Docente o lo están sustituyendo por mecanismos de cumplimiento? La pregunta debería acompañar la formación continua, la supervisión, las academias, la planeación, la evaluación y los procesos administrativos. No propongo menos responsabilidad para los maestros, propongo una responsabilidad mayor: una responsabilidad profesional, necesitamos docentes que estudien, conozcan profundamente su disciplina, comprendan el proyecto educativo nacional, investiguen su práctica, analicen evidencias, dialoguen con sus colegas y sean capaces de reconocer cuando una estrategia no funcionó, pero si queremos profesionales de ese nivel, las instituciones también deben reconocer, formar y fortalecer su capacidad de pensar y decidir.

Veracruz podría abrir una conversación educativa de enorme relevancia: cómo construir una política de fortalecimiento del Juicio Profesional Docente para la implementación del Bachillerato Nacional, no como un curso aislado, no como otro formato, como una política de desarrollo profesional que articule formación continua, trabajo colegiado, acompañamiento directivo, reflexión sobre la práctica y análisis de evidencias de aprendizaje, ésa sería una discusión que a mi juicio vale la pena dar, porque los programas volverán a cambiar, también cambiarán las metodologías y parte del lenguaje con el que hoy hablamos de educación, pero mañana, en algún bachillerato de Veracruz, una maestra abrirá la puerta de su salón, tendrá una Constitución una ley un currículo, una planeación yfrente a ella tendrá estudiantes reales. En algún momento deberá decidir. Mi propuesta es que dejemos de considerar ese momento como un detalle de la implementación, ahí está el corazón de la profesión, ahí vive el Juicio Profesional Docente y honestamente para mi ahí esta el verdadero corazón palpitante, vivo, no en papeles, de la Nueva Escuela Mexiana del Bahillerato.

Las reformas educativas cambian los documentos, El Juicio Profesional Docente transforma las aulas y es precisamente en ese espacio —cuando una maestra o un maestro interpreta responsablemente el proyecto educativo de la nación para estudiantes concretos— donde una política educativa deja de ser documento y comienza, finalmente, a convertirse en educación.