El debate sobre las plataformas digitales en Veracruz no debería reducirse a una pelea entre taxistas y aplicaciones. Eso es apenas el síntoma, que usado con una fuerte dosis de politización, haría tardar la solución que el pueblo exige.

El verdadero reto del gobierno de Rocío Nahle será ordenar una realidad que ya existe: miles de veracruzanos usan diariamente estas plataformas y miles más encontraron en ellas una fuente de ingresos, y en general, son la inmensa mayoría los que están a favor de su incursión. 

La frase de la Gobernadora —”hay espacio para todos, pero con orden”— cobra aquí todo su sentido.

El futuro ya llegó. El desafío ya no consiste en detenerlo, sino en poner reglas claras para todos.

Si Veracruz logra construir un piso parejo entre transporte concesionado y plataformas digitales, no sólo resolverá un conflicto; podría modernizar un sistema que durante décadas ha sido cuestionado. 

La gente se pregunta, por qué en la CDMX y otras ciudades del país ya se logró, y por qué en Veracruz, no.

El debate apenas comienza, y esta vez no sólo está en juego el transporte, sino la capacidad del Estado para adaptarse a los nuevos tiempos.

La sentencia importa: ¡Porque la impunidad mata! 

Cinco años después, la justicia alcanzó una sentencia. Tardía, sí; pero necesaria. Cada resolución de este tipo envía un mensaje que la sociedad necesita escuchar: la violencia contra las mujeres debe investigarse, juzgarse y castigarse. El verdadero reto es que ningún caso vuelva a esperar años para encontrar justicia.

Pero este caso también debería abrir otra conversación: la que ocurre en la casa, en la oficina, en el taller, en la escuela y en la mesa familiar. Porque prevenir la violencia contra las mujeres empieza mucho antes de que intervengan policías, fiscales o jueces.

Cada feminicidio representa un fracaso colectivo: de la familia, de las instituciones y de la sociedad. Una sentencia no devuelve la vida de la víctima, pero sí fortalece un principio indispensable para cualquier Estado de Derecho: que estos delitos no queden impunes.

También conviene entender que la justicia tiene procedimientos. Los recursos legales que la ley concede a una persona sentenciada no son privilegios, sino garantías procesales que permiten confirmar, corregir o, en su caso, revocar una resolución. Esa revisión fortalece la confianza en las instituciones, no la debilita.

La justicia no se construye con linchamientos populares, sino con pruebas, tribunales y sentencias conforme a derecho.

Porque cuando la justicia llega, aunque tarde, también envía un mensaje: la impunidad no puede seguir siendo la última palabra.   

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