Xalapa, Ver.- El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez busca poliotizar las investigaciones que la Fiscalía General de Justicia del Estado sigue en contra de los alcaldes de Úrsulo Galván, Bertin Bravo Montero e Ixhuatlán del Sureste, Raul González Martínez.

La gobernadora Rocío Nahle García señaló lo anterior luego de que tras el desafuero de ambos ahora ex alcaldes, el político ventilara en redes y medios de comunicación, su solicitud a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de medidas de protección para ambos ediles emanados de su partido, ante lo que acusó una “persecución política” del Estado.

Por lo anteior, la mandataria veracruzana dejó en claro que los procedimientos de desafuero que aprobó el Congreso local, derivan exclusivamente de investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), así como de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que desestimó nuevamente lo expuesto por el emecista y lo tildó de “simulador profesional”.

“Yo ya lo he dicho, Máynez es un simulador profesional. Lo conozco como legislador, estuvimos en la misma Legislatura cuando fuimos diputados. Es un simulador mentiroso”, manifestó.

La jefa del Ejecutivo del Estado consideró que Máynez en su calidad de dirigente nacional de un partido, debe asumir una postura responsable y permitir que los alcaldes enfrenten el proceso judicial conforme a derecho, en lugar de convertir el caso en un debate político.

“Si los presidentes municipales hubieran sido de otro partido, del que sea, incluso de Morena, yo hubiera dicho que se enfrenten a la justicia, que se defiendan y que combatan las pruebas. Eso es lo que corresponde en un sistema judicial, sea quien sea”, abundó.

Nahle García, recordó que las carpetas de investigación se integraron por delitos considerados graves, relacionados con la desaparición de una periodista en Nanchital y de un empresario en Úrsulo Galván, por lo que la autoridad ministerial solicitó al Congreso del Estado retirar el fuero constitucional a ambos presidentes municipales.

Finalmente, una vez retirado el fuero, corresponderá a los ahora exediles enfrentar el proceso judicial, presentar las pruebas que consideren pertinentes y ejercer su derecho de defensa ante los jueces.