ORFIS: entre la autonomía y la línea política.
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“El gran sello de la verdad es la simplicidad”. – Herman Boerhaave.
La sucesión en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz no es un trámite administrativo cualquiera. Quien sustituya a Delia González Cobos encabezará durante siete años —del 26 de septiembre de 2026 al 25 de septiembre de 2033— la institución responsable de revisar cómo gastan el dinero público dependencias, organismos autónomos y los 212 ayuntamientos veracruzanos.
El documento oficial registra 28 aspirantes: Salvador Sánchez Hernández, Sándor Díaz Dávila, Virginia Guadalupe Torres Castellanos, Gabriel Guzmán Reyes, Sandra Lobato Morales, Humberto Antonio Ramírez Sainz, María de Jesús Mantilla Solana, Adán Escobedo Morales, David Solís Hernández, José Armando Bonilla Domínguez, Ruth Martha Velarde Martínez, Zenón Hernández Pazos, José Luis Fernández Ojeda, Celin Arguello Alemán, Carmen Muñoz Arroniz, Óscar López Contreras, Juan Carlos Villegas Hernández, Hugo Hernández Gerson, José Ramón Hernández Pantiga, Juan Carlos Chávez Gachuz, Bernardo Azuara Morales, Eric Domínguez Vázquez, Aurelio Rivera Galindo, Érika García Pérez, Teresita de Jesús Velázquez Melchor, Rodrigo Ricardo Garduño de Jesús, Jaime Antonio Mendoza Miranda y Julio López Troncoso.
Sin embargo, una lista extensa no necesariamente significa una competencia abierta. Entre los perfiles con antecedentes directamente relacionados con fiscalización destacan Sándor Díaz Dávila, quien trabajó en áreas de seguimiento de la Auditoría Superior de la Federación y anteriormente en el SAT; María de Jesús Mantilla Solana, contadora certificada, maestra y doctora en Auditoría; Zenón Hernández Pazos, con experiencia en la ASF; y Aurelio Rivera Galindo, actual secretario de Fiscalización del Congreso local. También cuentan con conocimiento interno José Luis Fernández Ojeda y Juan Carlos Villegas Hernández, ambos funcionarios del propio ORFIS. Los antecedentes públicos de los 28 participantes pueden consultarse aquí.
El nombre políticamente más pesado es, indiscutiblemente, Eric Domínguez Vázquez. No solamente fue diputado local, presidente de la Comisión de Vigilancia y alcalde de Papantla: actualmente es subsecretario de Administración y Finanzas de Sefiplan. Su vínculo con la administración de Rocío Nahle García no es una especulación, sino una relación jerárquica directa.
Domínguez niega tener “padrino político” y sostiene que las observaciones formuladas a su administración municipal fueron solventadas. La propia Delia González afirmó que el asunto quedó aclarado, pese a que públicamente se difundieron señalamientos sobre observaciones federales por más de 88 millones de pesos. El aspirante asegura que no enfrenta denuncias ni impedimentos legales. Aun así, su eventual designación cargaría con un inevitable cuestionamiento: pasar de manejar recursos dentro del Ejecutivo a fiscalizar al mismo gobierno al que pertenece.
Si la Comisión de Vigilancia buscara construir una terna técnicamente defendible, los nombres de Sándor Díaz Dávila, María de Jesús Mantilla Solana y Aurelio Rivera Galindo reúnen experiencia especializada. Si prevalece el peso político, Eric Domínguez podría desplazar a alguno de ellos. La gobernadora ha dicho que no existe “línea” y que la decisión corresponde exclusivamente al Congreso; precisamente por eso los diputados deberán demostrarlo con evaluaciones públicas, motivadas y comparables. El nombramiento requiere mayoría calificada del Pleno.
La responsabilidad inmediata recae en la Comisión Permanente de Vigilancia que preside Miguel Guillermo Pintos Guillén. No puede convertirse en ventanilla para legalizar una decisión tomada de antemano. Su obligación es revisar experiencia, independencia, conflictos de interés y resultados.
Veracruz tampoco necesita otro ORFIS dedicado a producir voluminosos informes que terminan archivados. El organismo no dicta sentencias de cárcel, pero sí debe integrar expedientes sólidos, promover responsabilidades y presentar denuncias penales oportunas para que fiscalías y jueces actúen contra quienes desfalquen el erario. La verdadera autonomía no se proclama: se demuestra cuando el auditor se atreve a investigar incluso a quienes impulsaron su nombramiento.
Al tiempo.
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