La seguridad entre cifras y ruido.
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“La opinión es libre, pero los hechos son sagrados”. — C. P. Scott, periodista y editor del Manchester Guardian, 1921.
En Veracruz, la discusión sobre seguridad pública corre el riesgo de convertirse en una competencia de estridencias: importa más quién consigue provocar indignación que quién explica lo que está ocurriendo. En ese ambiente, una reducción de los homicidios puede quedar sepultada entre declaraciones partidistas, noticias violentas y anticipadas disputas electorales.
Sin embargo, las cifras merecen atención. De acuerdo con la cobertura del informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentado el 13 de octubre, Veracruz registró una disminución de 19.5 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, al comparar enero-septiembre de 2026 con el mismo periodo de 2025. Es un avance concreto en uno de los indicadores más sensibles de la violencia.
El contexto nacional también resulta relevante. El Gobierno federal reportó que el promedio diario pasó de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 42.2 en septiembre de 2026, una reducción cercana al 52 por ciento. Conviene precisar los periodos: el porcentaje nacional compara dos meses; el veracruzano, los primeros nueve meses de dos años consecutivos. Ambos muestran descensos, aunque miden intervalos diferentes.
¿Qué lectura política permiten estos resultados? Que la estrategia merece una evaluación seria. La coordinación entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum Pardo y Rocío Nahle García ofrece elementos para analizar el avance: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia, investigación y cooperación institucional son los ejes que la administración estatal ha refrendado. La disminución es compatible con resultados favorables de ese trabajo, aunque por sí sola no demuestra cuánto aporta cada medida.
Existen, además, acciones identificables. La mesa interestatal entre Veracruz y Tlaxcala planteó operativos conjuntos, intercambio de información y seguimiento mediante los sistemas C5 y C4. Esa cooperación permite atender un problema elemental: la delincuencia cruza fronteras administrativas y exige respuestas que también las crucen.
Frente a ello, el discurso de que todo está mal pierde capacidad explicativa. Una oposición responsable puede cuestionar la suficiencia de los resultados, exigir mayor protección y revisar las cifras. Pero cuando su argumento necesita omitir cualquier mejoría, termina subordinando el diagnóstico a su interés electoral.
A esa descalificación se suma la práctica de atribuir presuntos actos de corrupción a integrantes de las administraciones federal y estatal, extendiendo las sospechas incluso a familiares directos de la gobernadora. Cuando esos señalamientos se difunden sin pruebas verificables, la fiscalización del poder se convierte en una condena pública anticipada. El parentesco no acredita responsabilidad, y detrás de cada nombre hay una persona con dignidad y derechos. Investigar posibles irregularidades es una obligación periodística; presentar insinuaciones como hechos probados vulnera ese deber. Quien acusa debe sustentar sus afirmaciones: la reiteración de una sospecha jamás sustituye la evidencia.
Un episodio reciente refuerza esa exigencia. Según la cobertura de su respuesta pública, Christopher Landau, exembajador estadounidense en México, desmintió la versión de Jorge Fernández Menéndez que le atribuía haber reclamado a López Obrador por supuestas filtraciones de inteligencia durante la gestión de Audomaro Martínez. Landau negó haber conocido aquel asunto durante su misión diplomática, haberlo planteado al entonces presidente y que estuviera relacionado con su salida de México. El mismo columnista fue cuestionado por Rocío Nahle tras publicar señalamientos sobre presuntos vínculos de su esposo con la delincuencia, ante los cuales la mandataria exigió pruebas. Son controversias distintas, pero ambas hacen indispensable transparentar el sustento de lo publicado y corregir aquello que resulte falso. Una pluma influyente tiene una responsabilidad proporcional a su alcance: ninguna posición frente a la 4T justifica presentar versiones sin corroboración como certezas. Y atribuir intereses económicos detrás de una publicación también exige demostrarlos.
También el periodismo tiene una responsabilidad al interpretar la violencia. Un hecho delictivo merece cobertura, investigación y seguimiento; convertirlo automáticamente en prueba de que toda la entidad empeora exige una demostración adicional. Del mismo modo, una disminución estatal no permite asegurar que cada municipio vive mejor ni que todos los delitos retroceden. El rigor consiste en sostener ambas exigencias.
En ese terreno adquiere sentido el llamado de Nahle a hablar bien de Veracruz. Desde el comienzo de su administración ha promovido una narrativa constructiva sobre el estado y sus habitantes. Ese propósito encuentra su mejor fundamento cuando puede acompañarse de resultados comprobables.
Hablar bien de Veracruz implica reconocer a quienes trabajan, producen, invierten y construyen comunidad; también dar espacio informativo a los avances de seguridad. La información negativa pierde utilidad pública cuando se exagera, se descontextualiza o se utiliza para extender sobre millones de personas el estigma de una violencia que debe combatirse.
La nueva narrativa será creíble si conserva el derecho a denunciar y reconoce lo que mejora. Las víctimas necesitan justicia; la sociedad, información completa; las autoridades, evaluación permanente. Ninguno de esos deberes obliga a desconocer una reducción de los homicidios.
Veracruz merece una conversación pública a la altura de sus desafíos. A la gobernadora le corresponde consolidar los resultados y responder por los pendientes. A sus adversarios, demostrar sus cuestionamientos. Y a quienes informamos, impedir que el ruido electoral termine haciendo invisible cualquier avance.
Porque reconocer una mejoría también es ejercer el pensamiento crítico.
Al tiempo.
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“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx