La segunda entrega de la Cuenta Pública 2025 permite distinguir las observaciones al Gobierno estatal de las correspondientes a los ayuntamientos; una diferencia fundamental para interpretar los resultados.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó este viernes 30 de octubre ante la Cámara de Diputados la segunda entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2025. Los resultados comprenden 374 auditorías y más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclaración en el país. Sin embargo, para comprender dónde se encuentra Veracruz frente al resto de las entidades federativas, es necesario separar las cifras estatales de las municipales, pues corresponden a distintas autoridades y responsabilidades administrativas.

En el caso del Gobierno de Veracruz, la ASF identificó 137 millones 755 mil 328 pesos pendientes de aclaración, principalmente en los sectores de salud, educación y asistencia social. De ese monto, 87.4 millones corresponden a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), 48.6 millones al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y 1.6 millones al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

A escala nacional, el auditor superior informó que las revisiones a entidades federativas dejaron más de 1,200 millones de pesos pendientes de aclaración, fundamentalmente en educación y salud. En ese universo, los 137.7 millones identificados en Veracruz representan aproximadamente el 11.5%, tomando como referencia 1,200 millones, aunque el porcentaje definitivo sería ligeramente menor porque la cifra nacional supera esa cantidad.

La ASF examinó 42 ayuntamientos de diez entidades federativas, que concentraron 5 mil 243 millones de pesos pendientes de aclaración. En ese apartado, los diez municipios veracruzanos revisados acumularon 942.3 millones de pesos, equivalentes aproximadamente al 18% del total municipal observado.

La media de los montos acumulados por entidad, dentro de ese grupo de diez estados, fue de 524.3 millones de pesos. Veracruz se ubicó 418 millones por encima de ese promedio. No obstante, debe considerarse que la ASF revisó un número diferente de municipios en cada entidad, de manera que comparar los montos totales no equivale necesariamente a comparar el desempeño financiero de sus administraciones.

Entre los importes municipales documentados destacan los 1,569.4 millones de pesos correspondientes a tres municipios del Estado de México; los 942.3 millones de diez municipios veracruzanos; los 903.7 millones de once municipios de Jalisco; los 537 millones de tres municipios de Yucatán y los 451.2 millones de seis municipios de Nuevo León.

En Veracruz, los mayores montos municipales pendientes de aclaración corresponden a Soteapan, con 189.9 millones de pesos; Tempoal, con 173.3 millones, y Pajapan, con 93.3 millones. Estas observaciones corresponden a administraciones municipales y no deben atribuirse automáticamente al Gobierno de Rocío Nahle García, aunque todos los recursos forman parte de la fiscalización federal del ejercicio 2025.

Hay otro dato relevante: durante las auditorías a las entidades federativas se reintegraron 1,132 millones de pesos a la Federación. Entre los estados señalados por la ASF por sus reintegros se encuentran Puebla, Nayarit, Guanajuato, Oaxaca, Sonora, Morelos, Tabasco, Jalisco, Guerrero y Baja California, además de la Ciudad de México. Estos reintegros constituyen un indicador diferente de los montos pendientes de aclaración y no deben confundirse con ellos.

En el caso veracruzano también resulta importante que algunas observaciones iniciales fueron solventadas durante la revisión, particularmente las relacionadas con disciplina financiera. Esto demuestra por qué los resultados de una auditoría deben interpretarse considerando tanto las observaciones originales como las aclaraciones aceptadas por la autoridad fiscalizadora.

La lectura de los resultados exige rigor. Los montos pendientes de aclaración no representan automáticamente recursos desviados ni responsabilidades administrativas o penales acreditadas. Son cantidades sobre las cuales las autoridades fiscalizadas deben presentar documentación adicional o, cuando corresponda, realizar los reintegros respectivos.

En consecuencia, la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025 deja dos realidades distintas para Veracruz: observaciones por 137.7 millones de pesos al ámbito estatal y 942.3 millones a diez administraciones municipales. En el comparativo municipal disponible, Veracruz supera la media de los diez estados revisados; en el ámbito estatal, todavía se requiere el desglose nacional completo para determinar con precisión su posición.

Porque la fiscalización no consiste únicamente en señalar cifras millonarias, sino en establecer quién administró los recursos, qué irregularidades fueron detectadas, cuáles quedaron solventadas y qué responsabilidades pueden acreditarse. Esa distinción es indispensable para informar con seriedad sobre las finanzas públicas de Veracruz.