Las auditorías también le entran al juego del golpeteo político. Y a veces no por desconocimiento, sino por conveniencia. Una observación se convierte en escándalo, el señalamiento en sentencia y la sospecha en culpabilidad. ¡Así cualquiera hace política!
Por eso vale la pena leer lo que apuntó en su columna Alejandro Aguirre Guerrero. Su argumento es contundente: fiscalizar no es condenar. Una observación de auditoría no acredita, por sí sola, un desvío ni una responsabilidad. Es apenas un señalamiento sujeto a aclaraciones y procedimientos.
¿137.8 millones de pesos pendientes de solventar significan un desvío? No necesariamente. De los mil 592.6 millones inicialmente observados al Gobierno de Veracruz, se reportó documentación para atender mil 454.8 millones: el 91.3 %. Pero atención documental tampoco significa solventación definitiva. Falta concluir el proceso.
Así, ni cheque en blanco ni condena anticipada. Las cuentas deben aclararse y los resultados comprobarse. Porque una cosa es exigir transparencia y otra muy distinta fabricar culpables desde una columna.
Y aquí es donde hay que poner, antes que nada, la ética personal de quien escribe y usa datos fingiendo ignorancia: ¿quienes hoy magnifican observaciones tendrán la misma prisa para reconocer las aclaraciones o el escándalo vende más que la verdad?
Vicente Fox le pegó al avispero…¡Y salpicó al árbitro!
En una reciente entrevista con el periodista Juan Luis Cebrián para el medio The Objective, el expresidente Vicente Fox Quesada admitió explícitamente haber operado desde el Poder Ejecutivo para asegurar la victoria de Felipe Calderón Hinojosa en la contienda de 2006, reabriendo la controversia sobre la equidad de aquella elección.
La admisión de Vicente Fox y las secuelas en la memoria electoral. A dos décadas de las elecciones presidenciales de 2006, las declaraciones concedidas por el expresidente Vicente Fox Quesada en un espacio periodístico internacional reactivaron el debate sobre el margen de maniobra de las instituciones de arbitraje democrático en México. Al señalar abiertamente que operó bajo una lógica de continuidad partidista para entregar el mando a Acción Nacional, el exmandatario reconoció la intromisión institucional denunciada históricamente por la oposición.
La confesión avivó el cuestionamiento sobre el desempeño de los presidentes y consejeros del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) —como Luis Carlos Ugalde y posteriormente Lorenzo Córdova Vianello— ante las presiones del poder político.
Pero el asunto no termina en Fox. Lorenzo Córdova también fue puesto en la hoguera puesto que fue consejero del IFE durante la elección de 2012 y después presidente del INE. ¿Qué hizo la autoridad electoral bajo su mando frente a las acusaciones de irregularidades de aquel proceso? ¿Hubo presiones? ¿Se investigaron con la profundidad necesaria? Preguntas que no se responden con el discursos de pureza democrática de Córdova.
El debate sobre la fiscalización del árbitro electoral coincide con el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para presentar denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en contratos adjudicados durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala.
Pobre país, pobre democracia.
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