La conferencia en días pasados por parte de la fiscal Ernestina Godoy fue mucho más allá del anuncio de la detención de Ruffo Appel. La FGR aseguró haber desarticulado una de las mayores redes de contrabando de combustibles procedentes de Estados Unidos, con 25 órdenes de aprehensión y una estructura empresarial, financiera, aduanera y logística de gran escala.

Entre los señalados aparece el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, junto con uno de sus presuntos socios.

A partir de aquí comienza otra etapa: la judicial. Corresponderá a los jueces valorar las pruebas y a los imputados ejercer plenamente su derecho de defensa.

Pero el mensaje institucional ya quedó sobre la mesa: si las investigaciones están sólidamente sustentadas, la ley debe aplicarse igual para todos, sin importar partidos, cargos o trayectorias políticas.

Por ello, resultan vacías las defensas políticas a ultranza, firmeza de la autoridad y aplicar la ley siempre presumiendo inocencia hasta que exista una sentencia. Así y solo así, se podrá ver si a los políticos les interesa que se cumpla con la ley o solo buscan la defensa de sus intereses políticos y económicos.

Claro, hay otros casos más en los que sin defensa política de por medio, hay dichos y acusaciones que deben ser investigadas de igual manera.

Porque cuando el combate a la delincuencia distingue colores políticos, deja de ser justicia y se convierte en otra cosa.

La FGR ya presentó su versión y sus pruebas. Ahora hablarán los tribunales. Porque en democracia no basta con acusar; también hay que demostrar.

Si hay adelantados por huesos políticos y se investiga. ¡Luego no chillen!

Hay evidencias por investigar de que las campañas políticas arrancaron antes que el calendario. Lo anterior se puede derivar de lo informado por Gilberto Constituyente Salazar Ceballos, presidente del TEV al decir que, por ahora, no ha recibido quejas por actos anticipados de campaña. Sin embargo, reveló ahí como no queriendo, un dato que pesa mucho más: el OPLE ya investiga más de 40 posibles casos.

La ruta es conocida. Primero investiga el órgano electoral; después, si existen elementos, los expedientes llegan al Tribunal.

Lo entenderán esos diputados locales y federales, senadores, funcionarios municipales y estatales que supuestamente salen a territorio a realizan ‘recorridos informativos’ ‘ver por el pueblo con ayudas sociales’ ‘difunden encuestas y esconden la mano’ y presumen millones de seguidores en redes sociales.

Luego no se quejen: pues sus nombres ya han salido a la luz, e incluso ellos mismos lo informan en redes sociales y han sido señalados por los propios partidos políticos contrarios.

Y, es que las elecciones hoy se viven en cajas de cristal.

Pero eso lo que se desprende del informe del presidente del TEV: Gilberto Constituyente Salazar Ceballos, es que: la carrera rumbo a 2027 parece haber comenzado antes que el calendario oficial.

Y, eso más que un anuncio suena a una advertencia: se investiga y quien se adelante i reincida en su promoción ilegal en actos anticipados podría comprometer, incluso, su futura candidatura.

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