Dos nombramientos, una misma prueba para Veracruz.

Por: Luis Ramírez Baqueiro

“La imparcialidad es la vida de la justicia, como la justicia es la vida de las instituciones”. – Francisco de Paula Santander.

Hay coincidencias que terminan por revelar las prioridades de un estado. Este viernes 25 de septiembre, Veracruz coloca bajo los reflectores a dos instituciones encargadas de vigilar aspectos distintos, pero esenciales, de la vida pública: el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), que revisa el uso de los recursos, y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), que participa en la organización de los comicios.

En el primer caso ya hay un nombre: el Congreso designó a Eric Domínguez Vázquez como nuevo titular del ORFIS. En el segundo, Miguel Ángel García Onofre aparece como posible próximo vocal ejecutivo del INE en Veracruz; su llegada debe tratarse todavía como una posibilidad mientras no se formalice el nombramiento. La coincidencia invita a una pregunta: ¿qué confianza pueden ofrecer quienes tendrán la responsabilidad de revisar las cuentas públicas y contribuir a garantizar una elección limpia?

La designación de Domínguez Vázquez no puede examinarse únicamente como el desenlace de una votación legislativa. Quien encabeza el ORFIS debe revisar las cuentas del gobierno estatal, los municipios y los demás entes fiscalizables. Su tarea exige conocimiento técnico, autonomía de criterio y disposición para llevar una observación hasta sus últimas consecuencias, incluso cuando resulte incómoda para quienes impulsaron su nombramiento.

Ahí comienza el problema político que acompañará al nuevo auditor. A su paso por la alcaldía de Papantla se le han atribuido observaciones que, según señalamientos publicados, rondarían los 80 millones de pesos. Una observación o un presunto daño patrimonial no equivalen, por sí mismos, a una responsabilidad definitiva: debe conocerse qué cuentas fueron señaladas, qué montos siguen pendientes, cuáles fueron solventados y qué resoluciones existen. Pero tampoco basta con invocar esa distinción para cerrar la discusión. La persona a la que se confía la revisión de las cuentas de Veracruz tiene el deber de despejar públicamente cualquier duda sobre las propias.

Domínguez Vázquez necesita dar una explicación precisa, respaldada por documentos, sobre las observaciones correspondientes a su gestión municipal. Si fueron solventadas, debe mostrar cómo y cuándo. Si alguna continúa abierta, debe reconocerlo y explicar su estado procesal. Y si el monto difundido mezcla ejercicios, conceptos o etapas distintas, debe aclararlo. La transparencia no tendría que depender de que sus adversarios vuelvan a preguntar.

El asunto va más allá de Papantla. Domínguez Vázquez llega al ORFIS después de desempeñarse en la Secretaría de Finanzas y Planeación. Por ello, entre sus primeras pruebas estará demostrar cómo evitará intervenir en revisiones donde su actuación anterior pueda generar un conflicto de interés, real o aparente. Hacen falta reglas claras de excusa, constancia pública de las decisiones y equipos técnicos capaces de trabajar sin instrucciones políticas. La independencia de un auditor se demuestra al revisar expedientes, formular observaciones y sostenerlas cuando corresponde.

También el Congreso tiene una responsabilidad que no termina con levantar la mano. Los diputados eligieron a quien conducirá durante siete años un organismo decisivo para el control del dinero público. Deben explicar por qué consideraron que su perfil ofrecía las mejores garantías frente a los otros integrantes de la terna y qué elementos revisaron para evaluar los señalamientos sobre su gestión en Papantla. Una mayoría de votos otorga el cargo; la confianza pública requiere razones. El periodo previsto para la nueva titularidad va del 26 de septiembre de 2026 al 25 de septiembre de 2033.

La fiscalización no puede convertirse en un trámite que produzca titulares escandalosos durante unas semanas y después se pierda entre expedientes. Cada observación debe seguir un curso comprensible: qué irregularidad se detectó, quién debía responder, qué documentación presentó, si el daño fue resarcido y, cuando proceda, qué autoridad recibió la denuncia. Veracruz conoce demasiado bien la distancia entre anunciar cifras millonarias y recuperar dinero para la población.

Mientras esa discusión se abre en el ORFIS, el posible relevo en la Junta Local del INE plantea otra prueba de credibilidad. García Onofre ha sido mencionado como próximo vocal ejecutivo en Veracruz, pero la información disponible sobre su llegada se ha presentado como una versión pendiente de formalización. Conviene mantener esa precisión: anticipar un nombre no sustituye el acto institucional que le dará certeza.

Su trayectoria electoral, en caso de confirmarse, será un punto de partida, nunca un cheque en blanco. El INE documentó que García Onofre ocupó una vocalía distrital en Puebla y posteriormente presidió el Instituto Electoral del Estado de Puebla. Esa experiencia permite esperar conocimiento de los procedimientos; también eleva la exigencia sobre la forma en que conducirá la Junta Local.

La tarea que tendría enfrente corresponde al proceso electoral concurrente 2026-2027, cuyos trabajos preparatorios ya están en marcha. Es importante distinguir el año en que se organiza el proceso del año de la jornada electoral. En Veracruz, la coordinación entre el INE y el OPLE será indispensable para que sus responsabilidades diferenciadas funcionen sin vacíos ni disputas. El propio INE ha descrito la elección de 2027 como un reto de gran escala para la capacidad operativa del sistema electoral.

Para la Junta Local, la imparcialidad deberá verse en decisiones concretas: el trato a todos los partidos, la coordinación de las juntas distritales, la aplicación uniforme de las reglas y la atención oportuna de incidentes. También deberá existir claridad en asuntos que interesan directamente al periodismo, como el monitoreo de la cobertura noticiosa durante el proceso. El INE en Veracruz ya convocó a instituciones de educación superior a participar en ese trabajo. Su finalidad exige criterios públicos y consistentes: revisar cobertura electoral no debe confundirse con calificar opiniones por su conveniencia política.

Un árbitro electoral no puede prometer que desaparecerán las acusaciones de parcialidad. Sí puede responder con procedimientos verificables, decisiones fundadas y la misma disposición a corregir errores sin importar a quién beneficien. La limpieza de una elección depende tanto de contar correctamente los votos como de sostener la confianza en cada etapa que conduce a las urnas.

ORFIS e INE cumplen funciones distintas. Uno sigue el rastro del dinero público; el otro organiza y vigila tareas indispensables para que la ciudadanía elija a sus representantes. Sin embargo, ambos enfrentan una exigencia común: ejercer autoridad sin deber favores a quienes serán sujetos de sus decisiones. Cuando esa independencia se pone en duda, las instituciones deben ofrecer pruebas de su actuación, no pedir confianza por decreto.

Para Eric Domínguez Vázquez, esa prueba comienza por aclarar documentalmente los señalamientos de Papantla y establecer cómo se apartará de cualquier revisión vinculada con su paso por Finanzas. Para Miguel Ángel García Onofre, si se confirma su llegada, comenzará por conducir la estructura local del INE con reglas parejas y decisiones transparentes en un proceso que ya demanda preparación.

Este viernes puede quedar registrado como la fecha de dos relevos. Lo que Veracruz necesita es algo más difícil de conseguir: un auditor cuyas revisiones resistan el escrutinio público y una autoridad electoral cuyas decisiones merezcan confianza incluso de quienes pierdan. Los nombramientos abren esa posibilidad. Los hechos dirán si sus titulares están a la altura.

Al tiempo.

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