Modernidad a dos velocidades.
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“La pobreza no es un accidente. […] Es una creación del hombre y puede eliminarse con las acciones de los seres humanos”. — Nelson Mandela.
México quiere pagar con el teléfono, pero todavía debe garantizar que todos puedan conectarse. El dictamen de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, coloca frente a frente dos realidades: la aspiración de modernidad y la desigualdad que condiciona millones de vidas.
Según el comunicado proporcionado, la propuesta impulsada por Claudia Sheinbaum busca ampliar los pagos electrónicos, facilitar trámites y reconocer instrumentos de identidad digital. Su aprobación en comisión constituye un avance legislativo; todavía no equivale a una ley vigente. Esa precisión importa para discutir sus alcances sin anticipar obligaciones.
El propósito merece reconocimiento. México necesita aprovechar la tecnología para reducir costos, transparentar operaciones y facilitar la actividad económica. Una mayor trazabilidad podría ayudar a identificar ingresos ocultos, combatir la evasión y ampliar la base contribuyente. Quienes lucran mediante cadenas comerciales ilegales encontrarían mayores dificultades para esconder operaciones, siempre que existan fiscalización y coordinación institucional.
Sin embargo, ninguna aplicación sustituye al Estado. Registrar una transferencia no acredita automáticamente el origen lícito del dinero, tampoco convierte por sí mismo al comerciante informal en contribuyente cumplido. Digitalizar puede aportar herramientas; recaudar mejor exige reglas comprensibles, incentivos para formalizarse y autoridades capaces de investigar.
El contraste aparece cuando imaginamos a una artesana indígena intentando contratar servicios financieros, acreditar su identidad o cobrar mediante códigos digitales. Si enfrenta barreras lingüísticas, conectividad deficiente o ingresos insuficientes para adquirir un dispositivo, la modernización podría convertirse en un costo adicional para trabajar y vender.
El posible choque cultural no deriva de una incapacidad de nuestras comunidades para aprender. Surge cuando las instituciones diseñan procedimientos sin considerar lenguas, prácticas comerciales y condiciones materiales distintas. México no alcanzará estándares de países desarrollados trasladando al ciudadano responsabilidades que corresponden al gobierno y al sistema financiero.
Hay además una diferencia indispensable: pobreza, informalidad y delincuencia no son sinónimos. El vendedor que sobrevive cobrando efectivo no merece el mismo tratamiento que quien evade impuestos, comercializa mercancía ilícita o lava recursos. Confundirlos produciría injusticia y debilitaría la legitimidad de cualquier estrategia recaudatoria.
El dictamen contempla que Hacienda determine sectores donde los pagos digitales sean exclusivos, con una transición gradual y excepciones por contingencia. Esa facultad demanda criterios públicos, evaluación territorial y alternativas accesibles. Las comisiones bancarias, el fraude y la protección de datos deben formar parte del debate.
La oportunidad existe: incorporar contribuyentes, cerrar espacios a negocios ilegales y mejorar servicios. Pero requiere inversión, capacitación en lenguas indígenas y acompañamiento presencial.
El éxito deberá medirse por cuántas personas participan con seguridad y obtienen beneficios. La modernidad será legítima cuando permita cobrar, comerciar y cumplir obligaciones sin que la pobreza se convierta en una barrera impuesta por el propio Estado.
Al tiempo.
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