Herencias envenenadas para el IPE

Por: Luis Ramírez Baqueiro

“La desgracia es ocasión para la virtud”. – Lucio Anneo Séneca.

En política, pocas cosas resultan tan cómodas —y tan dañinas— como patear el problema hacia adelante. Gobernar pensando en el siguiente cuatrienio, y no en la siguiente generación, ha sido una constante en muchos municipios veracruzanos. Hoy, esa práctica vuelve a pasar factura: una deuda acumulada con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) que no solo exhibe irresponsabilidad administrativa, sino una profunda falta de ética pública.

La denuncia realizada por el director del IPE, Luis Octavio Hernández Lara, no es menor. Es, en realidad, la confirmación de un patrón: alcaldes que decidieron no pagar, apostando a que el costo político y financiero recaería en quien viniera después. El resultado es un boquete de más de 138 millones de pesos que compromete la viabilidad del sistema de pensiones estatal.

La lista es reveladora y, al mismo tiempo, preocupante. Municipios como Zozocolco de Hidalgo, con más de 13.9 millones de pesos de adeudo; Zentla, con más de 10.1 millones; o Medellín de Bravo, que supera los 11.6 millones, reflejan una conducta sistemática: comprometer recursos que no les pertenecen.

Pero no se trata solo de cifras. Se trata de decisiones.

Porque cada peso que no se entregó al IPE no era dinero “disponible” para gasto discrecional. Era dinero etiquetado para garantizar pensiones, es decir, derechos laborales adquiridos. No pagarle al Instituto no es una omisión administrativa: es una forma de financiamiento ilegal a costa del futuro de los trabajadores.

Y ahí radica el problema de fondo.

Durante años, algunos gobiernos municipales operaron bajo una lógica perversa: usar recursos retenidos como caja chica para resolver presiones inmediatas, obras de relumbrón o incluso compromisos políticos. La ecuación era simple: pagar hoy implicaba sacrificar margen de maniobra; no pagar, en cambio, ofrecía liquidez inmediata… con consecuencias diferidas.

Consecuencias que hoy alcanzan a todos.

Porque el daño no es solo al IPE. Es a la credibilidad institucional, a la disciplina financiera y, sobre todo, al desarrollo municipal. Un ayuntamiento endeudado con el Instituto no solo enfrenta posibles sanciones legales —varios ya denunciados ante autoridades competentes—, también limita su capacidad de inversión, reduce su margen presupuestal y condiciona su futuro administrativo.

En otras palabras: hipotecaron su propio desarrollo.

El caso de municipios con adeudos relativamente menores —como Omealca, Nogales o Cuichapa— tampoco es menor. La deuda no se mide solo en millones, sino en la conducta que representa: normalizar el incumplimiento.

Y cuando el incumplimiento se normaliza, la gobernabilidad se degrada.

El reto para la actual administración estatal no es únicamente recuperar esos recursos. Es romper el ciclo. Porque mientras no haya consecuencias claras, mientras no se establezca que gobernar implica responsabilidad financiera real, la tentación de heredar problemas seguirá ahí.

En Veracruz, el problema no es solo cuánto deben los municipios.

Es que, durante años, muchos decidieron no pagar… porque podían.

Y esa, quizá, es la deuda más grave de todas.

Al tiempo.

astrolabiopoliticomx@gmail.com

“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx